Bicameral ajusta presupuesto 2027 para ampliar gasto social
La Comisión Bicameral de Presupuesto incluyó una adenda en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 que redistribuye recursos del rubro de deudas con proveedores. El ajuste, equivalente a USD 28,7 millones, busca financiar aumentos salariales para el Ministerio de Salud, indemnizaciones y expansión de servicios de defensoría pública y derechos humanos.
Reasignación presupuestaria para 2027
El dictamen del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 de la Comisión Bicameral de Presupuesto incluye una adenda que reasigna G. 185.745,7 millones (USD 28,7 millones, al tipo de cambio de G. 6.458) del rubro destinado al pago de obligaciones con proveedores.
Destinos del ajuste presupuestario
La reasignación contempla un aumento salarial de G. 500.000 para un total de 28.691 funcionarios del Ministerio de Salud, incluyendo bioquímicos, odontólogos y trabajadores sociales en general. También incluye recursos para la indemnización de ex obreros de Aceros del Paraguay (Acepar).
Adicionalmente, el presupuesto prevé la creación de seis unidades de Defensoría Pública y financiamiento para los gastos misionales de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
Incrementos adicionales
El dictamen también incluye G. 3.000 millones para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), sin especificar detalles sobre su destinación, y G. 10.000 millones para otros pedidos presupuestarios.
Perspectivas sobre deuda con proveedores
El Ministerio de Economía anticipa una mejora en la situación de deudas con proveedores comparada con lo acumulado al cierre de 2025. No obstante, las obligaciones pendientes continuarán siendo una consideración importante para las finanzas públicas durante 2027.
El ministro de Economía, Oscar Lovera, señaló durante su participación en la Bicameral que se espera continuar cancelando los compromisos generados, aunque subsistirá una deuda flotante en 2027 vinculada a procesos administrativos del Ministerio de Obras Públicas, pero de magnitud inferior a la registrada en 2025. Respecto al sector farmacéutico, si el Congreso aprueba el recorte, las obligaciones pendientes podrían extenderse hasta 2028.
