Certificado de Fumigación para Locales Comerciales en Paraguay: Requisitos, Obligatoriedad y Claves para Cumplir con la Normativa Sanitaria

En un contexto donde la salud pública se ha convertido en una prioridad indiscutible, especialmente tras las lecciones aprendidas de pandemias globales y brotes de enfermedades transmitidas por vectores, los propietarios de locales comerciales en Paraguay enfrentan una obligación clave: el certificado de fumigación. Este documento no es un mero trámite burocrático, sino una herramienta fundamental para prevenir plagas, garantizar la salubridad de los espacios y cumplir con las regulaciones vigentes. Como columnista especializado en temas de normativas y contenidos informativos, profundizaré en este tema, ampliando la información disponible para ofrecer una visión completa, basada en fuentes oficiales y prácticas recomendadas. Exploraremos qué implica este certificado, cuándo y por qué es obligatorio, los procedimientos para obtenerlo, las consecuencias de su incumplimiento y consejos prácticos para los emprendedores.

Primero, entendamos qué es el certificado de fumigación. Se trata de un documento oficial que acredita que un local comercial ha sido sometido a procesos de desinfección, desinsectación y desratización, eliminando o controlando plagas como roedores, insectos (mosquitos, cucarachas, termitas) y otros vectores de enfermedades. En Paraguay, este certificado es emitido por empresas habilitadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), o directamente por unidades municipales especializadas, dependiendo de la jurisdicción. No se limita a una simple fumigación; involucra inspecciones previas, aplicación de productos químicos autorizados y verificaciones posteriores para asegurar eficacia y seguridad ambiental.

La obligatoriedad de este certificado radica en un marco legal sólido, tanto a nivel nacional como municipal. A escala nacional, se basa en la Ley Nº 836/80, conocida como el Código Sanitario, que establece normas para la protección de la salud pública, incluyendo el control de plagas urbanas. Esta ley faculta al MSPBS y a sus dependencias, como la DIGESA, a regular y habilitar empresas especializadas en control de plagas. Por ejemplo, para que una empresa pueda ofrecer servicios de fumigación, debe cumplir con requisitos estrictos: presentar fotocopias de RUC, contratos de trabajo, títulos universitarios de asesores técnicos (como ingenieros químicos o agrónomos), inspecciones sanitarias y pago de aranceles según la Resolución S.G. Nº 234/2013. Esto asegura que los productos usados sean fitosanitarios aprobados, minimizando riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Sin embargo, la implementación práctica es mayoritariamente municipal, ya que las ordenanzas locales adaptan estas normas a las realidades de cada ciudad. En Asunción, la capital, la Ordenanza Municipal Nº 100/3 establece que todos los locales comerciales que pagan patente municipal deben someterse a fumigación obligatoria, excluyendo viviendas particulares. La Dirección de Defensa al Consumidor, a través de su Unidad de Desinfestación, es la encargada de ejecutar estos servicios. La frecuencia varía según el rubro del negocio: mensual para establecimientos de alto riesgo como moteles, discotecas, bares y casas funerarias; bimestral para hoteles, supermercados, autoservicios y estaciones de servicio; y semestral para ferreterías, bazares y almacenes. Para locales que manejan alimentos, se especifica controles cada cuatro meses, aunque el cobro tributario se alinea a semestres.

En otras ciudades, como Encarnación, la Ordenanza Nº 488/00 amplía esta obligatoriedad a establecimientos públicos y privados, comerciales, industriales, conjuntos habitacionales, viviendas unifamiliares, vehículos de transporte público y lotes baldíos dentro del radio urbano. Aquí, la frecuencia es cada cuatro meses para sitios de producción y comercialización de alimentos; cada seis meses para establecimientos generales y vehículos; y anual para viviendas y lotes. Los métodos incluyen fumigación, rociado, espolvoreo y trampas, determinados por la Dirección de Gestión Ambiental y Salubridad municipal.

¿Cuándo es obligatorio obtener este certificado? Principalmente, en dos momentos clave: al iniciar operaciones de un local comercial y de manera periódica según la normativa local. Para la apertura, forma parte de los requisitos para la patente comercial municipal. Por ejemplo, en Ñemby, al solicitar la patente, se exigen documentos como fotocopias de pago de impuestos inmobiliarios, contratos de alquiler y facturas de servicios, pero implícitamente se vincula con inspecciones sanitarias que incluyen control de plagas. En el caso de locales alimenticios, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) realiza inspecciones para el Registro Sanitario, verificando cumplimiento de reglamentos técnicos que abarcan higiene y ausencia de plagas. Periódicamente, el certificado debe renovarse para mantener la validez, evitando interrupciones en el negocio.

El "por qué" de esta obligatoriedad es claro y multifacético. En primer lugar, protege la salud pública al prevenir la propagación de enfermedades. Plagas como roedores transmiten leptospirosis, hantavirus o salmonelosis, mientras que insectos como mosquitos propagan dengue, zika o chikungunya, endémicos en Paraguay. Según datos del MSPBS, brotes de dengue han afectado miles de personas anualmente, y el control de vectores es una estrategia clave. Además, asegura la calidad de productos y servicios: en supermercados o restaurantes, una plaga puede contaminar alimentos, generando pérdidas económicas y daños reputacionales. Desde una perspectiva legal, es parte de las tasas municipales por servicios públicos, similar a la recolección de basura, contribuyendo a la salubridad colectiva. En un país con clima tropical que favorece la proliferación de plagas, esta medida previene infestaciones masivas, reduciendo costos a largo plazo para los propietarios.

El procedimiento para obtener el certificado es accesible pero requiere planificación. En Asunción, los propietarios deben contactar a la Unidad de Desinfestación municipal, que programa la intervención. No se pagan inspectores en sitio; los cobros se realizan en oficinas municipales, emitiendo boletas oficiales. En Encarnación, se contratan empresas registradas en la municipalidad, que entregan certificados oficiales para exhibir en lugares visibles. A nivel nacional, si se opta por empresas privadas, estas deben estar habilitadas por DIGESA, con asesores técnicos calificados y personal capacitado. Los costos varían: en Asunción, las recaudaciones anuales superan los 4.000 millones de guaraníes, pero no se detallan por servicio individual; en general, oscilan entre 200.000 y 1.000.000 de guaraníes según el tamaño del local y frecuencia.

El incumplimiento trae consecuencias serias. En Asunción, impedir la fumigación genera actas con multas del 50% del costo del servicio, escalando en el tribunal de faltas municipales según reincidencia. En Encarnación, la fiscalización incluye multas y posibles clausuras. A nivel nacional, operar sin registro sanitario (para alimentos) puede derivar en sanciones del INAN o MSPBS, incluyendo cierres temporales. En 2023, Asunción reportó un aumento en comercios fumigados, reflejando mayor cumplimiento, pero también mayor vigilancia.

Para los emprendedores, recomiendo: 1) Verificar la ordenanza municipal local al planificar el negocio. 2) Elegir empresas certificadas por DIGESA para evitar fraudes. 3) Mantener registros de fumigaciones pasadas. 4) Integrar esto en planes de mantenimiento preventivo, combinando con higiene general como lavamanos obligatorios en locales. 5) En rubros alimenticios, alinear con inspecciones del INAN para eficiencia.

En conclusión, el certificado de fumigación no es una carga, sino una inversión en sostenibilidad y confianza pública. En Paraguay, donde el comercio crece rápidamente, cumplir con estas normativas no solo evita sanciones, sino que fortalece la competitividad. Si eres propietario, actúa proactivamente: contacta tu municipalidad hoy. Esta medida, arraigada en leyes como el Código Sanitario, refleja el compromiso nacional con la salud, adaptado a realidades locales para un futuro más seguro.